El pasado 1 de enero de 2022 entró en vigor la ayuda por hijo o hija a cargo tras la aprobación definitiva de los Presupuestos Generales del Estado para 2022 que incluye una partida destinada a esta prestación económica. Se trata de una nueva ayuda de hasta 100 euros mensuales por menor a cargo para aquellas familias con vulnerabilidad económica y para las que reciben el Ingreso Mínimo Vital (IMV). 

Se trata de una ayuda para hacer frente a la pobreza infantil en España que también podrán solicitar las personas que estén en situación de desempleo, así como las familias monoparentales.

¿Quién puede solicitar esta ayuda? ¿Cuál es su cuantía?

De esta manera, podrán acceder a esta ayuda aquellos hogares formados por dos personas adultas y un menor cuyos ingresos anuales no superen los 27.000 euros, así como las familias de dos personas adultas y dos menores con unos ingresos máximos de 32.100 euros. También las familias monoparentales con un menor a cargo e ingresos de hasta 25.700 euros y aquellas con dos menores a cargo e ingresos de hasta 30.800 euros.

En este sentido, la cuantía de la ayuda dependerá principalmente de la edad del menor (de los 0 a 18 años de edad), ya que cuanto menor sea la edad mayor será el importe a percibir. Las cantidades quedarían fijadas de la siguiente manera:

• Por cada menor a cargo con edad de 0 a 3 años: 100 euros.
• Por cada menor a cargo con edad de 3 a 6 años: 70 euros.
• Por cada menor a cargo con edad de 6 a 18 años: 40 euros.

Este tipo de prestaciones sociales son gestionadas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

FUENTE: 20 Minutos

https://www.20minutos.es/noticia/4943906/0/requisitos-solicitar-ayuda-por-hijo-a-cargo-2022/

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El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a la nueva ayuda, que será compatible con otras del plan estatal y se solicitará a través de las comunidades autónomas dentro de unos meses

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto que regulará el bono joven de alquiler. La nueva ayuda, anunciada el pasado octubre por el presidente, Pedro Sánchez, contempla el pago de hasta 250 euros mensuales a inquilinos hasta los 35 años. Aunque no podrá sumarse a otros subsidios parecidos que otorgan las comunidades autónomas, el texto del decreto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, sí será compatible con las ayudas para jóvenes que contempla el Plan Estatal de Vivienda 2022-2025, que será aprobado en el mismo texto legislativo, aunque en un título aparte. Estas son las claves y los requisitos para solicitar el Bono Alquiler Joven:

Hasta 24.319 euros de ingresos

El bono va destinado a personas de hasta 35 años que acrediten percibir rentas procedentes del trabajo. Estas no pueden sobrepasar tres veces el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM), lo que tras la última revisión de 2022 supone unos ingresos anuales de 24.318,84 euros. Obviamente, deben acreditar que viven en régimen de alquiler y será condición indispensable figurar en el contrato de arrendamiento. Sin embargo, para no perjudicar la movilidad laboral, se contempla la posibilidad de subir ese límite hasta cuatro veces el IPREM (32.425,12 euros), cuando el perceptor del bono se mueve entre provincias o de una comunidad autónoma a otra, lo que no podrá ser motivo para perder la ayuda, si se siguen cumpliendo los requisitos. El límite de ingresos, en principio, se aplica como renta del hogar: es decir, todas las personas que tienen su domicilio habitual en el piso que está arrendado, figuren o no en el contrato. No obstante, habrá posibilidad de regular algunas excepciones. Lo que sí será necesario es que los solicitantes estén empadronados en el domicilio para cuyo arrendamiento piden la subvención.

Una ayuda finalista

Los perceptores del bono recibirán un máximo de 250 euros mensuales que deberán destinar obligatoriamente a pagar la renta porque la ayuda es finalista: solo puede usarse con ese objetivo. Esto significa que si, por ejemplo, un joven paga 200 euros de renta mensual, ese será el tope de lo que podrá percibir. El Gobierno ha calculado que la medida podrá beneficiar este año hasta a 70.000 personas. Si se divide la dotación presupuestaria (200 millones) entre el tope anual por cada beneficiario (3.000 euros) se podrían atender cerca de 67.000 solicitudes. Según el INE, en España hay casi 600.000 inquilinos de ingresos bajos que no superan los 35 años de edad.

Compatibilidad con otras ayudas

La vivienda es una competencia transferida a las comunidades autónomas, lo que hace que algunas de ellas ya tengan medidas similares a la que se va a aprobar ahora, sobre todo las dirigidas a la emancipación de los jóvenes. El Gobierno había dejado claro que el bono sería incompatible con esas ayudas autonómicas. Sin embargo, el decreto regula algunas compatibilidades: en concreto se puede percibir a la vez que otras prestaciones no contributivas de la Seguridad Social, también se puede compaginar con el ingreso mínimo vital (IMV) y las comunidades podrán habilitar un régimen especial para inquilinos especialmente vulnerables. La cuarta excepción viene en el mismo decreto, que también va a poner en marcha el Plan Estatal de Vivienda 2022-2025. Este contempla un programa de ayudas de alquiler a jóvenes que las comunidades podrán poner con fondos estatales (es decir, al margen de las ayudas que contemplen con sus recursos propios).

¿En qué consiste este otro programa? Se trata de ayudas hasta el 60% del importe de la renta y se dirige igualmente a solicitantes hasta 35 años que no superen el triple del IPREM, aunque en este caso se podrá llegar hasta 5 veces el IPREM (40.531,4 euros) en función de las circunstancias familiares. Para supuestos de compatibilidad con el bono joven, solo se podrá recibir el 40% del importe de la renta que esa ayuda no cubra. Es decir, si un joven paga 500 euros al mes y recibe 250 euros de bono joven, con esta segunda línea de subvenciones solo podrá percibir el 40% de los 250 euros que no se incluyen en el bono.

Inmuebles hasta 900 euros

Otra limitación del bono joven es la renta máxima del inmueble alquilado. Con carácter general será de 600 euros, porque se entiende que si una persona paga más de esa cantidad es porque tiene circunstancias que se lo permiten y no es vulnerable ante los precios del alquiler. Sin embargo, como ya sucedió con otras medidas de la pandemia, las comunidades autónomas que lo deseen podrán subir ese límite a 900 euros (algo que a buen seguro harán Madrid, Cataluña y otros territorios que cuentan con capitales de precios elevados).

Pisos compartidos

En cualquier caso, el límite de 900 euros tampoco será definitivo porque el Gobierno ha contemplado la posibilidad de que varios jóvenes compartan piso. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si tres inquilinos pagasen una renta total de 1.200 euros a razón de 400 euros cada uno? El decreto deja en manos de las comunidades autónomas regular este tipo de situaciones y que en esos casos sea posible recibir el bono joven, siempre y cuando se respeten el resto de limitaciones. Como es cada comunidad la que debe gestionar las solicitudes y concesiones del bono, con cada autonomía se firmará un convenio bilateral por el que el Estado transfiere los fondos y donde se especificarán las bases de la subvención en ese territorio.

Alquiler de habitaciones

La ayuda también se podrá conceder a quienes no alquilan un piso, sino una habitación suelta. En ese caso el límite del triple del IPREM en los ingresos es inflexible y el tope de precio que puede tener la habitación que se alquila es de 300 euros. De nuevo, se contempla que las comunidades eleven este límite hasta 450 euros en aquellos lugares donde los arrendamientos son más caros. Lo que no cambia es la cuantía de la ayuda, que tiene un límite de 250 euros mensuales. El decreto, por cierto, pide que las comunidades entreguen las subvenciones de manera periódica y, a ser posible, mes a mes. De la misma manera, los inquilinos tendrán que justificar que la han destinado a pagar un alquiler y deberán autorizar el acceso a su información fiscal para verificar que su nivel de ingresos se ajusta a la normativa.

Retroactivo, pero tardará en poder pedirse

El decreto contempla el derecho a la ayuda de manera retroactiva, desde el 1 de enero de este año. Sin embargo, a partir del paso de este martes todavía pasarán semanas, e incluso meses, hasta que pueda solicitarse. Una vez publicado en el BOE, Transportes deberá convocar una conferencia sectorial con las comunidades autónomas afectadas (Navarra y el País Vasco están excluidas por su régimen foral) para decidir cómo se reparten los 200 millones presupuestados este año. Luego llegarán las comisiones bilaterales y la firmas de convenios con cada comunidad, que entonces, ya sí, podrán poner en marcha el proceso de solicitud. Fuentes de Transportes creen que todo podría quedar listo “en este trimestre”. Un alto cargo de una Administración autonómica calcula que en el mejor de los casos su comunidad podría tener todo listo “entre marzo y abril”. Pero señala que es una estimación “a ciegas” porque, a diferencia de lo que ha sucedido con el plan estatal y otras medidas de vivienda, sobre el bono joven apenas han tenido información por parte del ministerio, lo que ha impedido ir adelantando trabajo de cara a la futura gestión de la ayuda.

FUENTE: El País

https://elpais.com/economia/2022-01-18/claves-del-nuevo-bono-joven-de-alquiler-quien-podra-pedirlo-y-desde-cuando.html

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La Seguridad Social traslada una nueva propuesta para que los trabajadores por cuenta propia paguen en función de sus ingresos, con un periodo de transición hasta 2031

El Gobierno ha presentado a patronal y sindicatos una nueva propuesta para reformar la cotización de los trabajadores autónomos y acompasarla a sus ingresos. El Ministerio liderado por José Luís Escrivá ha reformulado su último sistema y contempla una nueva horquilla que, una vez desplegada totalmente, incorporará 13 tramos con cuotas de entre 183,6 euros (si ganan menos de 600 euros al mes) y 1.266,6 euros al mes (si ganan más de 4.050 euros al mes). Actualmente la cuota mínima, la más recurrente, es de 294 euros mensuales. Los agentes sociales deberán estudiar ahora esta nueva propuesta, no hay consenso todavía -de hecho, algunas organizaciones como ATA están en contra- y las partes volverán a verse las caras el próximos lunes.

El diálogo social ha retomado este jueves las negociaciones para una de las medidas que quedaron pendientes del ejercicio anterior y que están comprometidas en el Plan de Recuperación y Resiliencia para recibir parte de los fondos europeos. El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social plantea un nuevo sistema de tramos según rentas del trabajo, que pasarían a sustituir el actual régimen de cotizaciones para los afiliados al RETA, con la intención de aprobarla antes del 30 de junio de 2022 para que empiece a tener efectos económicos en 2023. Actualmente los trabajadores por cuenta propia cotizan mensualmente a la Seguridad Social en función de la cuota que eligen e independientemente de su volumen de ingresos y facturación.

El nuevo sistema planteado por Escrivá contempla un periodo de transición de nueve años y no estaría plenamente en vigor hasta el 2031. En este sentido, reduce un año la transitoriedad, porque inicialmente se alargaba hasta el 2032. Algo que no gusta a parte de las organizaciones de autónomos más representativas, que exigen mayor premura. "Las y los autónomos que menos ingresan no pueden esperar 9 años para que la situación del régimen actual se modifique hasta alcanzar pagar una cuota justa", ha manifestado la secretaria general de UATAE, María José Landaburu, al finalizar la reunión.

Según este esquema y a expensas de posibles nuevas modificaciones, los trabajadores por cuenta propia empezarían cotizando por cuotas de entre 281,52 euros y 351,9 euros (siendo los primeros los que menos ganan y los segundos los que más). Esa brecha, que al inicio es corta, se iría agrandando a medida que pasarán los años, hasta la diferencia final de entre 183,6 euros y 1.266,6 euros mensuales. "Este nuevo sistema tiene que ser un sistema con el que miles de trabajadores autónomos que están haciendo un esfuerzo contributivo por encima de sus posibilidades vean bajar ese esfuerzo", ha declarado el presidente de UPTA, Eduardo Abad.

Una novedad relevante respecto a la primera propuesta es que Escrivá duplica la cuota mínima que pagarían los autónomos de menores ingresos: antes era de 90 euros mensuales. Para esta franja, no obstante, la Seguridad Social habilitaría una tarifa plana de 70 euros durante los dos primeros años, pensada para aquellos con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional.

¿Cómo el autónomo calcularía la cuota?

Esta irá en función de los rendimientos netos, es decir, los ingresos que declare el autónomo a Hacienda menos los gastos derivados de la actividad y con categoría de deducibles. Como los salarios de trabajadores a cargo, aprovisionamientos, seguros sociales, suministros o servicios profesionales, entre otros. Este elemento genera fuerte rechazo en organizaciones como ATA, que consideran una discriminación para parte del colectivo. "Los rendimientos netos no son los ingresos reales, [porque] depende de la capacidad de deducción de ese autónomo", ha afirmado su presidente, Lorenzo Amor. Es decir, aquel se pueda deducir gastos debido a su actividad puede llegar a pagar menos que aquel que no puede deducirse gastos. "La música no nos gusta y no nos gusta nada. Salimos de un sistema injusto y nos metemos en otro sistema injusto. Vamos a presentar las alegaciones correspondientes", ha añadido.

El sistema diseñado por el equipo de Escrivá contempla que los negocios de los autónomos no son estables y unos meses van mejor y otros peor. Ante ello, el cotizante podrá cambiarse hasta seis veces al año de tramo y a final de año cuadrará cuentas con la Agencia Tributaria: si ha pagado de más, se le devolverá dinero; si ha pagado de menos, deberá abonar la diferencia. Según los cálculos de Seguridad Social, dos de cada tres autónomos verían reducidas sus cotizaciones respecto al sistema actual. En tanto que los trabajadores por cuenta propia con ingresos más bajos pagarían hasta 1.300 euros menos al año y los que tienen beneficios de entre 600 y 900 euros al mes casi 600 euros menos al año. 

FUENTE: El Periódico

https://www.elperiodico.com/es/economia/20220113/escriva-plantea-nuevas-cuotas-autonomos-13093968

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Una de las modificaciones que incluirá el paquete de medidas para la reforma de las pensiones está relacionada con la jubilación anticipada, tanto voluntaria como involuntaria. El objetivo principal es acercar la edad real de jubilación en nuestro país, que actualmente está en los 64 años y seis meses, a la edad legal.

A partir del 1 de enero de 2022 comienzan a entrar en vigor los primeros cambios en dicha reforma, incluyendo modificaciones en la revalorización de las pensiones por jubilación, ya que a partir de ahora se calcularán en función del IPC. 

En este sentido, la jubilación anticipada voluntaria es aquella en la que el trabajador o trabajadora decide libremente finalizar su vida laboral antes de tener la edad legal ordinaria. Permite jubilarse hasta dos años antes, por lo que en 2022 sería a los 63 años, siempre y cuando se hayan cotizado más de 37 años y seis meses. Pero, ¿cómo influirá la reforma del sistema de pensiones?

Estas son las principales novedades para el próximo año

Una de las novedades para 2022 es que los coeficientes para el cálculo de la jubilación se modifican. Así, pasan a ser mensuales en lugar de trimestrales, lo que puede resultar ventajoso "porque los trimestrales penalizaban a aquellos que se jubilaban justo antes de la finalización de cada trimestre", explican desde el Instituto BBVA de pensiones. 

Por tanto, "los nuevos coeficientes son más beneficiosos que los vigentes hasta 2021 en todos los casos, salvo para aquellos que se jubilen con el máximo anticipo posible (24 y 23 meses) y los que se jubilan con tres meses o menos de anticipación", añaden.

Por otro lado, los coeficientes reductores relacionados con el adelanto de la edad de jubilación se aplicarán sobre la cuantía de la pensión y no sobre la base reguladora de la misma, como hasta ahora. 

Este cambio no tendrá impacto en la mayoría de personas, "salvo para aquellas cuya pensión teórica antes de aplicar los coeficientes sea superior a la pensión máxima (que en 2021 son 37.904 euros)". Esto significa que impactará en aquellas personas con ingresos más elevados. 

FUENTE: 20 minutos

https://www.20minutos.es/noticia/4934845/0/estos-son-los-nuevos-requisitos-para-jubilacion-anticipada-2022/

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La norma restrige la contratación temporal, equilibra la negociación colectiva y asiste a empresas en apuros

La entrada en vigor de la reforma laboral alterará algunos aspectos que condicionan desde 2012 las relaciones profesionales. El Boletín Oficial del Estado ha publicado este jueves el texto de la reforma laboral. Son 54 páginas que contiene cinco artículos, siete disposiciones adicionales, ocho disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y ocho disposiciones finales. Aunque el objetivo principal del nuevo marco legislativo es acabar con la temporalidad del mercado de trabajo en España (26,02%), también servirá para corregir desequilibrios dentro de la negociación colectiva y dotar de mayor flexibilidad a las empresas en apuros.

1. Contratos temporales sí, pero de dos tipos

Aunque uno de los puntos fuertes de la reforma es la desaparición del contrato por obra y servicio (el que más ha contribuido a incrementar la burbuja de la temporalidad), los contratos de duración determinada se mantienen, pero solo de dos tipos: el estructural (por circunstancias de la producción); y por sustitución de otro trabajador. El primero solamente podrá extenderse hasta los seis meses de duración, o a un año si lo permite el convenio de la actividad que se desempeñe.

En el sector de la construcción, donde más se han implementado los contratos por obra y servicio, la modalidad ordinaria de contratación pasará a ser la del tipo indefinido. Una vez termine la tarea asignada, la empresa deberá recolocar al trabajador en otra obra. De ser rechazada esta propuesta, o no poderse llevar a cabo, se extinguirá el contrato y el trabajador recibirá una indemnización del 7% calculada sobre conceptos salariales del convenio.

2. Solo 90 días para situaciones previstas

Para no perjudicar la flexibilidad interna de las empresas, estas dispondrán de una vía de escape para hacer frente a situaciones de mayor demanda. La nueva norma les ofrece la posibilidad de recurrir a la contratación temporal para hacer frente a situaciones en las que se requiera de un apoyo extra como las campañas de Navidad o agrícolas.

Para cubrir esas vacantes dispondrán de un periodo de 90 días (tres meses) para contratar a un trabajador a lo largo del año. Eso sí, este no podrá encadenar todo ese periodo de manera continuada, y, además, en el último trimestre del año anterior a la realización de estos contratos, los representantes sindicales deberán ser informados de la previsión anual realizada por las empresas para llevar a cabo estas contrataciones.

3. Para tareas estacionales, el contrato fijo-discontinuo

Las limitaciones a la contratación temporal tienen como objetivo potenciar el uso del contrato fijo-discontinuo (cuando un empleado no se emplea durante todo el año) para los trabajos de carácter estacional. Además, el nuevo texto establece que a estos trabajadores se les computará su antigüedad durante todo el periodo que dure su vinculación laboral, y no únicamente por los periodos en los que hayan desempeñado su actividad.

Esta medida modifica sustancialmente las condiciones que rigen actualmente en el sector agrario. Fuentes gubernamentales aseguran que se estudiará una vía por la que adecuar las particularidades del sector a los condicionantes que estipula la nueva norma.

4. Dos modalidades de contrato de formación

Definir un nuevo marco de formación profesional ha capitalizado gran parte de las negociaciones. Finalmente, se han definido dos tipos de contratos formativos: en alternancia (para quienes lo compaginen con sus estudios) y para la obtención de la práctica profesional. Al primero solo podrán optar estudiantes de hasta 30 años, y durante un tiempo máximo de dos años. Su jornada laboral no podrá ser superior al 65% en el primer año, y al 85% en el segundo. Por ella recibirán una retribución adaptada al convenio que no podrá bajar de 60% el primer año y del 75% el segundo.

5. Se refuerza la subcontratación

Las empresas multiservicio, aquellas que no tienen una actividad principal definida, disponían hasta ahora de la potestad de delimitar los salarios a partir de su convenio particular. Desde que entre en vigor la reforma laboral estos quedarán definidos, como mínimo, por lo que recoja el convenio de la actividad desarrollada. Esto es, si una empresa subcontratada provee a la que la ha contratado de servicios como limpieza, mantenimiento o soporte informático, los trabajadores en cada una de estas tres áreas quedarán cobijados en materia salarial por lo que regule cada uno de los tres convenios.

6. Equilibrio en la negociación colectiva

Uno de los aspectos más polémicos de la reforma laboral que aprobó el Partido Popular en 2012 fue la limitación de la ultraactividad (el periodo de vigencia de un convenio caduco) a un año. Esto desnivelaba la negociación entre trabajadores y empresarios, puesto que si las conversaciones para renovar un convenio finalizado se demoraban más de 12 meses, este dejaba de aplicarse y permitía a la empresa llevar a cabo una modificación sustancial de las condiciones de trabajo.

El nuevo texto elimina esta limitación temporal y extiende la vigencia del convenio caducado hasta que se acuerde su renovación, o se firme uno nuevo que lo sustituya. Los salarios, además, deberán ajustarse a lo que establezca el convenio sectorial.

7. Sanciones más caras para evitar el fraude

Para reforzar el alcance de los cambios normativos se ha definido un marco de control que establece distintas sanciones para desincentivar la contratación temporal fraudulenta. La primera de ellas tiene que ver con la concatenación de contratos eventuales. Aquellas personas que en un plazo de 24 meses hubieran permanecido 18 de ellos en el mismo o diferente puesto de trabajo con la misma empresa o grupo de empresas, mediante dos o más contratos por circunstancias de la producción, directamente o a través de su puesta a disposición por empresas de trabajo temporal, pasarán a ser considerados como indefinidos.

Aquellas empresas que den de baja a un trabajador temporal que haya desarrollado su actividad en un periodo inferior a 30 días recibirán un sobrecargo en las cuotas a la Seguridad Social de 26 euros por cada una de las bajas que se le realicen. La penalización es creciente, de forma que para un contrato corto de 10 días sería de 26 euros, pero si el mismo tiempo de trabajo se cubriera con dos contratos de cinco días sería de 52 euros.

Sin embargo, la medida que busca forzar el cambio de paradigma en la contratación es el incremento de las cuantías recogidas en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS). Desde la entrada en vigor de la norma las infracciones por uso indebido de contratos temporales se aplicarán por cada trabajador afectado, en lugar de por empresa, y se elevan de 8.000 a 10.000 euros en su grado máximo.

8. Simplificación de los ERTE por covid

Los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que se presenten por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción (ETOP) tendrán mayores facilidades de tramitación y aplicación para las pymes, además de exoneraciones en las cotizaciones a la Seguridad Social del 20%, condicionadas, eso sí, a la realización de acciones formativas. Para los ERTE de fuerza mayor se incorpora como causa específica el impedimento o las limitaciones a la actividad por decisiones de la autoridad gubernativa. En este caso las exoneraciones serán del 90%.

9. El Mecanismo RED: un salvavidas estructural

Además de a los ERTE, las empresas en crisis podrán acudir al Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo, que contará con dos modalidades: una cíclica, cuando se aprecie una coyuntura macroeconómica que aconseje la adopción de instrumentos de estabilización; y otra sectorial, a la que podrán acogerse las empresas cuando un sector aprecie cambios que generen necesidades de recualificación y de transición profesional.

Ambos mecanismos se pondrán en marcha previo acuerdo en el Consejo de Ministros. El tiempo máximo de aplicación para el primero será de un año y las exoneraciones serán decrecientes del 60% al 20%. En caso de reestructuración sectorial serán seis meses prorrogables a un año y las exoneraciones alcanzarán el 40%. Las exoneraciones del Mecanismo RED están vinculadas al desarrollo de acciones formativas. La prestación RED será el 70% de la base reguladora durante todo el periodo y no consumirá paro.

FUENTE: EL PAIS

https://elpais.com/economia/2021-12-30/nueve-claves-para-entender-la-reforma-laboral.html

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Una de las medidas incluidas en los Presupuestos Generales del Estado 2021 presentada por PSOE y Unidas Podemos contemplaba una subida de impuestos a las rentas más altas para conseguir la "justicia fiscal" y garantizar "que los que más tienen aporten más", subrayaba el ahora exvicepresidente segundo y exministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias. 

Así cambiarán los tramos del IRPF en las rentas del trabajo

Estas subidas afectarán a los patrimonios más altos y, en conjunto, afectarán a cerca de 36.000 contribuyentes, un 0,17% del total. En este sentido, para las rentas del trabajo a partir de los 300.000 euros, la subida será de dos puntos porcentuales para el nuevo tramo. Para las rentas de capital y ahorro superiores a 200.000 euros, la subida será de tres puntos. 

FUENTE: 20 Minutos

https://www.20minutos.es/noticia/4934030/0/estos-seran-nuevos-tramos-irpf-2022/

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El Ministerio de Transición Ecológica espera que se movilicen un total de 16.300 millones de euros y que se creen 280.000 empleos gracias el PERTE, impulsado por los fondos europeos

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) para el desarrollo del hidrógeno verde, las tecnologías vinculadas a las energías renovables y el almacenamiento. Serán, en total, 16.300 millones de euros los que se movilizarán para “construir una transición energética diseñada y hecha en España”: 6.900 millones de dinero público aportado por el Gobierno central —gracias al impulso de los fondos europeos— y, en menor medida, por las comunidades autónomas; y 9.500 millones de inversión privada.

El objetivo de este plan es el desarrollo de “tecnología, conocimiento, capacidades industriales y modelos de negocio” vinculados al auge de la energía limpia, y el Ministerio para la Transición Ecológica espera que los proyectos vinculados a este PERTE —el tercero puesto en marcha por el Gobierno para ser desarrollado con fondos europeos— se traduzca en la creación de 280.000 empleos entre “directos, indirectos e inducidos”. El impacto sobre el PIB está cuantificado en más de 12.000 millones de euros.

España, subraya el documento presentado este martes, es una “potencia mundial” en renovables, y cuenta con el mayor recurso solar del Viejo Continente y uno de los mejores recursos eólicos. Esa posición envidiable a escala continental le sitúa, a su vez, en una situación “privilegiada” para avanzar en tecnologías “en fase de desarrollo”, como el hidrógeno renovable o el almacenamiento o las tecnologías marinas flotantes. El PERTE tiene exactamente ese objetivo: desarrollar esas tecnologías incipientes para avanzar más rápido en la descarbonización e impulsar el empleo y el PIB.

El hidrógeno es la “prioridad” del plan —tanto es así que el Ejecutivo habla de “proyecto país” para referirse a él— y absorberá por sí solo 1.555 millones de dinero público, a los que el ministerio espera sumar otros 2.800 millones de capital privado. Se subvencionarán las aplicaciones de este gas en el transporte pesado —de embarcaciones a ferrocarriles, camiones y autobuses—, así como proyectos de electrolizadores de gran escala, relacionados con usos industriales locales y aplicaciones comerciales. También se impulsarán los clústeres de hidrógeno renovable, ligados a los actuales puntos de consumo de hidrógeno de origen fósil, para sustituirlo por aquel generado a partir de energía libre de emisiones.

“Necesitamos reducir nuestra dependencia del exterior en combustibles sin incrementar la dependencia tecnológica, sino consolidar nuestras propias capacidades. A eso se enfoca este PERTE”, ha explicado la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “Queremos consolidar e incrementar nuestra posición como referente tecnológico en la producción y el aprovechamiento de hidrógeno”, ha agregado. El objetivo del Ejecutivo, dice, es que España aporte al menos el 10% del hidrógeno renovable que tiene la Comisión Europea en su hoja de ruta para 2030.

“Es una gran oportunidad para España: tenemos enormes capacidades industriales y de conocimiento, y también un enorme interés inversor en renovables, que no ha dejado de crecer”, ha remarcado Ribera. La inversión en renovables en España en 2021, ha enfatizado Ribera, apuntan a un nuevo récord de inversiones procedentes del exterior. Ahora, la meta gubernamental es convertir a España en un “hub internacional de la tecnología asociada al hidrógeno renovable”.

La pata de renovables del PERTE estará financiada con 765 millones de dinero público que —esperan— acabará canalizando otros 1.600 millones privados y pondrá “especial atención” sobre las energías marinas, un ámbito en el que se acaba de presentar un plan que promete situar a España a la vanguardia del Viejo Continente. El apoyo, subraya Transición Ecológica, recalará en “proyectos singulares y de innovación”, así como en la sustitución de aerogeneradores antiguos por otros más modernos y al desarrollo del biogás generado por actividades agropecuarias o residuos.

En el ámbito de infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y almacenamiento, se destinan 620 millones de euros públicos que el Ejecutivo confía que arrastren otros 990 millones privados. Los fondos irán, sobre todo, a subvencionar “iniciativas de I+D de almacenamiento de tecnologías inmaduras”, así como al despliegue de baterías en instalaciones renovables para asegurarse de que no se desaprovechan los excedentes generados en las horas pico de producción.

A diferencia del PERTE lanzado para el desarrollo del coche eléctrico, en el que el Ejecutivo ya acudía de la mano de algunos grandes nombres del sector, el Gobierno tiene previsto convocar cuatro convocatorias de concurrencia competitiva para seleccionar los proyectos y las empresas beneficiarias. Dos serán sobre hidrógeno verde, con un valor conjunto de 400 millones de euros; una sobre almacenamiento energético, de 50 millones; y una última sobre comunidades energéticas, de 40 millones de euros. Todas ellas se celebrarán el año que viene. Aunque ya hay algunos programas en marcha —una pequeña fracción del total—, el grueso del dinero estará disponible en 2022 y 2022, pero el plazo de ejecución de los proyectos beneficiarios se extenderá hasta 2026.

FUENTE: El Pais

https://elpais.com/economia/2021-12-14/el-gobierno-destinara-6900-millones-para-el-desarrollo-de-hidrogeno-verde-renovables-y-almacenamiento-de-energia.html

El Ministerio de Movilidad lanza una campaña para recordar que los desplazamientos colectivos son seguros y ayudan a luchar contra la contaminación

En las áreas urbanas y metropolitanas, las redes del transporte público facilitan 4.000 millones de desplazamientos al año en España. Movimientos que conducen hasta áreas industriales y de trabajo, de servicios, comerciales, centros educativos, de ocio. Esa oferta consigue disminuir las aglomeraciones del vehículo privado, tanto en los accesos como en el interior de las ciudades. Sin embargo, las limitaciones de movilidad generadas por la pandemia que se iniciaron en 2020 han provocado un descenso en su uso. Actualmente, la demanda se sitúa en un 60% de la habitual en un día equivalente antes de la crisis sanitaria (con datos de las concesiones de transporte de competencia estatal). El Ministerio de Movilidad ha lanzado una campaña para tratar de estimular la demanda y recuperar la confianza en el transporte público.

Detrás de esta tendencia hay miedo, y no del todo fundado. En un estudio elaborado por ATUC (Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos) y la consultora Kantar basado en una encuesta telefónica a 1.800 personas, la mayoría (56%) declaraba el temor al contagio como causa principal de no usar el transporte colectivo, seguida de la comodidad. La aversión a compartir espacio con otras personas, la dificultad para mantener la distancia de seguridad y la higiene les seguían como factores importantes para evitar su uso. Pero ese temor ha generado males paralelos: contaminación, tráfico, pérdida de tiempo o gastos elevados acompañan a la preferencia por el transporte privado.

Hace ahora un año, expertos como David Lois, profesor de Psicología Social en la UNED e investigador sobre transporte en la Politécnica de Madrid, ya explicaban en este diario que tras estallar la pandemia se demonizó el transporte público, y los ciudadanos continuaron pensando en él como un escenario de alto contagio. Sin embargo, muchos estudios científicos demostraron que gracias a las medidas, —mascarillas, desinfecciones, filtrado del aire— el medio de transporte no representa un riesgo en sí mismo.

Pese a que los trenes, metros y autobuses no son lugares de riesgo elevado, sobre todo comparados con otras actividades como comer en un espacio cerrado o el ocio nocturno, la baja demanda ha obligado a muchas administraciones a tomar la iniciativa. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha lanzado este martes una campaña que traslada a la calle que el transporte público debería ser la columna vertebral de la nueva movilidad. Por varios motivos: además de los citados anteriormente, la amplia diversidad en la oferta, la comodidad, la seguridad o la opción de tener acceso a información de las líneas y frecuencias por medios digitales. La acción era una de las reivindicaciones más escuchadas en el sector, y también responde, según el departamento que dirige Raquel Sánchez, “a la necesidad de implementar la Estrategia de Movilidad, Segura, Sostenible y Conectada 2030″, cuya finalidad es fundamentar las políticas públicas de movilidad en las necesidades de la ciudadanía, cumpliendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Algunas ciudades han congelado las tarifas, otras han abierto debates ciudadanos para mejorar el acceso a la red de autobuses, y se han tomado medidas económicas. El Ministerio tomó medidas excepcionales para reequilibrar económicamente a las empresas concesionarias en la primera mitad del año y el pasado agosto facilitó un crédito extraordinario para que los Ayuntamientos, diputaciones y cabildos contasen con más recursos para financiar el déficit extraordinario de ingresos causado en estos medios de transporte por la Covid-19.

FUENTE: El Pais

https://elpais.com/economia/2021-11-22/la-demanda-de-transporte-publico-sigue-un-40-por-debajo-de-los-niveles-previos-a-la-pandemia.html

• El cártel de los concesionarios' pactó secretamente inflar los precios de los coches
• 130 concesionarios, 21 fabricantes y 2 consultoras, los implicados en la trama
• Las indemnizaciones se mueven entre los 2.000 y los 9.000 euros por conductor

El sector del automóvil en España ha chocado contra una ya oficial trama de venta de coches a un mayor precio del fijado por el mercado. El caso conocido como el 'cártel de los concesionarios' y por el que alrededor de diez millones de usuarios pueden reclamar desde 2.000 hasta 9.000 euros según lo pagado entre 2006 y 2013.

Durante siete años, hasta 130 concesionarios de España, 21 fabricantes y 2 consultoras en marcas populares (alrededor del 91% de las firmas compradas) pactaron un aumento de los precios con el claro prejuicio hacia los consumidores. Hecho ya penado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), entre 2015 y 2016, pero que ahora ha contado con dos sentencias favorables por las que se obliga a un concesionario de Audi y Volkswagen a pagar una indemnización de 2.000 euros a un conductor que adquirió un vehículo en 2010.

Esto ha sentado precedente y ha abierto la vía para unos 10 millones de clientes que fueron objeto de "prácticas anticompetitivas". Política que vulnera los principios de la Ley de Defensa de la Competencia y que puede acabar en la devolución de hasta 9.000 euros en algunos casos de automóviles más caros (entre el 10 y el 15% de lo pagado).

Por ello, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) anima a todos los usuarios que adquirieron un coche entre 2006 y 2013 a apuntarse a su acción colectiva para "resarcirse de los daños causados" durante este periodo de tiempo. Solo por el mero hecho de creer ser uno de los afectados, la institución reclamará en el nombre del interesado tras aportar cuanta más información, mejor (factura o acreditación del pago del alquiler o leasing, ficha técnica del vehículo y contratos firmados por la compra-venta).

¿Qué hay que hacer para denunciar al 'cártel de los concesionarios'?

A través del cuestionario de la OCU, abierto para todos los usuarios registrados, la institución comprobará si el coche en cuestión es uno de los afectados (esta herramienta de la Agrupación de Afectados por el Cártel de Coches te puede ayudar) e informará, en caso de serlo, de los siguientes pasos a dar. Para ello ya está trabajando de cara a obtener unas condiciones económicas ventajosas que incluyan abogado, procurador y perito.

¿Qué marcas son las afectadas?

En la mayoría de firmas populares, las adquiridas por más de un 90% de los conductores españoles, se han detectado casos que afectan a estas compañías: 

- Alfa Romeo.

- Audi.

- BMW.

- Chevrolet.

- Chrysler.

- Citroën.

- Dodge.

- Fiat.

- Ford.

- Honda.

- Hyundai.

- Jeep.

- Kia.

- Lancia.

- Land Rover.

- Lexus.

- Mercedes Benz.

- Mitsubishi.

- Nissan.

- Opel.

- Peugeot.

- Porsche.

- Renault.

- Seat.

- Toyota.

- Volkswagen.

- Volvo.

FUENTE: El Economista

https://www.eleconomista.es/actualidad/noticias/11462515/11/21/Asi-puedes-reclamar-parte-del-dinero-pagado-por-tu-coche-si-lo-compraste-entre-2006-y-2013.html